Sobre una nota de La Jornada
El Estado mexicano tiene como obligación la seguridad de todos los mexicanos. Él debe estar comprometido con la protección de todo ciudadano, de modo que si Juan o Pedro son secuestrados o golpeados o amenazados pueda acudir a las autoridades dedicadas a impartir justicia. En esos casos yo no tengo que demostrar quién me secuestró: eso es, precisamente, responsabilidad del Estado. A alguien le roban su automóvil. La denuncia es contra quien resulte responsable. Es obligación del Estado averiguar quién anda robando automóviles y, en su caso, castigarlo. Cuando la Secretaría de Gobernación argumenta que un particular no ha demostrado dónde está el automóvil que le fue robado está, simplemente, evadiendo su responsabilidad y, de hecho, terminando con la poca legitimidad que le queda al Estado.
Hoy en día la política, la capacidad de organizar nuestra vida en común, parece redefinirse fuera de los marcos del Estado. El único modo que tiene el Estado para exigirle a los ciudadanos el cumplimiento de la ley es que él mismo cumpla con sus obligaciones. Si no asume sus responsabilidades no hay modo de exigir que los ciudadanos cumplan con las propias.
Las comunidades, entonces, tienen todo el derecho de establecer sus propios mecanismos de convivencia sin hacer caso al Estado. La respuesta de todo político responsable con el orden establecido es, me parece, hacer que el Estado tenga el poder legítimo de intervenir socialmente. En el caso del Estado mexicano no hay político que pueda exigirle a los ciudadanos el respeto al estado de derecho sin cometer un acto de cinismo.