Carta a los manifestantes He de decir de antemano que ante el impactante resultado de una acción política que surge del egoismo, el deseo inapalcable por mantener la burbuja aislante y el mantenimiento de la propiedad privada por encima de todo valor social, es dificil expresar con claridad las diferencias que uno tiene con la manifestaciones en pos de la seguridad.

Es claro que en nuestra cultura damos prioridad a los procesos racionales que aquilatan lo acaecido, que nos permiten valorar las opciones del presente en términos de beneficio individual y del mejoramiento de las condiciones en las que nos desenvolvemos y que tienden a hacer planeación a futuro de nuestras acciones presentes y pasadas. En el marco de esta cultura, la seguridad (es decir, la posibilidad de que estos planes dependan en una mayor medida de nosotros mismos, sin estorbo alguno) es un valor fundamental. Desde la perspectiva de individuos que trabajan en pos de su beneficio familiar y personal, la inseguridad es entendida como aquella intromisión en los planes del presente y futuros.

Está claro que no hay motivo válido que permita que un agente intervenga en los planes que uno ha realizado, más aún, no hay justificación que valide que un agente se beneficie del esfuerzo propio. En pocas palabras, no hay agravio social más doloroso que algunos sujetos se beneficien del esfuerzo de otros, que rompan las reglas que tanto trabajo nos cuesta mantener y cumplir, que no haya castigo a quienes violentan el (implícito y explícito) acuerdo social.

Sin embargo, la manifestación por la seguridad tiene segundas y terceras lecturas, según se avanza en el análisis de las complejas relaciones sociales en que vivimos. Quedarse en el nivel que he expuesto hasta ahora es un crimen. El castigo que se exige a los individuos que violentan la norma (aquellos que ponen en riesgo la seguridad y tranquilidad de nuestro acuerdo inicial, de nuestro plan de vida) no lo ejerce cualquiera. Desde la estructura política en la que vivimos, y sobre la que se fundamenta nuestro acuerdo social, el Estado tiene la obligación de ejercer el castigo. Más aún, en tanto que cuenta con el monopolio de la fuerza aceptable (sólo él puede portar armas, sólo él puede dispararlas, sólo él puede privar de la libertad a los individuos) sólo él puede ejercer el castigo contra aquellos que violan las normas. La manifestación social por una mayor seguridad pide al Estado que cumpla con mayor eficiancia con esa obligación social. Sin embargo, en tanto que el Estado, como autoridad máxima de la actual organización social, no se limita a ejercer el castigo a los transgresores de la norma y cumple además funciones de beneficio público (entre otras: cobrar impuestos para mantener la estructura legal y policiaca que castiga a los delincuentes, promueve la productividad social y la generación de empleo, organiza el intercambio comercial al designar lugares donde se puede realizar el comercio, así como establece la prohibición de comerciar con ciertos productos) suele enfrentarse a la voluntad de individuos, familias y comunidades, siempre pensando en valores supremos, esto es, intereses comunes a todos los integrantes de la comunidad, intereses que son más amplios que los intereses particulares, intereses que toman forma en valores sociales que van más allá de los valores individuales y colectivos, valores que se construyen, se escenifican y se proyectan como valores universales.

En este sentido, no obstante el desarrollo de las concepciones sociales que pudieran beneficiar a todos, el liberalismo ha insistido en que esa máxima autoridad social que representa el Estado, debe de estar acotada para que el egoismo y el interés personal de las autoridades que cumplen funciones dentro del estrado no prevalezca sobre el interés público. Los liberales insisten, entonces, en el mantenimiento de las libertades públicas y privadas.

En el México del 2004, un buen número de individuos se ha organizado para pedir seguridad. ¿A quién le piden seguridad? En el contexto político, jurídico y social en que vivimos, la manifestación pública no pretende ser sólo un reclamo moral. Esto es, no se pide a los ladrones, secuestradores y demás delincuentas que abandonen el gusto por lo ajeno y que respeten la propiedad de todas las personas que, laboriosamente, han logrado conseguir casas, coches, reproductores de música, pesos y centavos con que compran ropa, comida, vivienda y entretenimiento.

La manifestación es una manifestación política que exige al Estado que cumpla su función social de garantizar el castigo a todos los infractores. Bueno, no a todos en general: a los secuestradores y ladrontes, principalmente. Exigir que el Estado cumpla su función de garantizar la seguridad es una demanda política: señala una necesidad social y exige, con el poder de la presión social, una acción contundente en los marcos de la legalidad. No es casualidad que en estos días se hable con insistencia del Estado de derecho. Este concepto, aunque suele referirse más a un ejercicio estricto del castigo, incluye la necesidad de que el ejercicio de la autoridad se limite al respeto de la estructura legal que señala, delimita y acota sus acciones.

Hay matices, sin embargo. La gente está enojada por la inseguridad y se manifiesta en las calles con la demanda dew que no haya un asalto ni un secuestro más. Pide castigo severo. Exige al Estado que cumpla sus funciones, pero en un grito desesperado exige que se vaya más lejos todavía y propone medidas legales que incrementen el castigo a los transgresores de la ley. No puedo olvidar que así se le llamaron a los zapatistas cuando, en 1994 (hace diez años), los zapatistas irrumpieron con un severo reclamo al Esatado mexicano, cuando un amplio grupo de indígenas y mestizos de Chiapas se organizaron para demandar libertades individuales, familiares y comunitarias, libertades políticas y sociales, libertades públicas, pues el modelo de desarrollo que proponía el Estado, que incluía una particular interpretación de las funciones sociales del estado (entre otras: cobrar impuestos para mantener la estructura legal y policiaca que castiga a los delincuentes y opositores políticos, gente inocente que interfiere en los intereses de aquellos funcionarios, caciques, industriales que prefiere invertir y extraer riquezas con la "seguridad" de que su inversión rendirá frutos; que promueve la productividad económica y el beneficio de los inversores por encima de un crecimiento de la producción y el consumo sociales; que promueve la generación de empleo, pero sin garantizar los mínimos derechos laborales, las condiciones para que no se violenten los derechos humanos y la integridad de los trabajadores; que organiza el intercambio comercial al designar lugares donde se puede realizar el comercio, que define que los productos manufacturados en el ejtranjero deben de ser promovidos con mayor intensidad que aquellos producidos en el territorio nacional y por las manos de trabajadores mexicanos).

La seguridad es un reclamo fundamental, pero no puede ni ser el primero, ni el único. Suponerlo así es asumir que la sociedad mexicana debiera mantener el derecho a la propiedad por encima de el derecho a la alimentación, al trabajo, a la educación, la vivienda, la cultura... derechos que también debe de garantizar
el Estado. Perder de vista la multiplicidad de obligaciones del Estado es suponer que en las elecciones elegimos procuradores de justicia solamente.

En consecuencia, me parece que antes de proponer, como lo hace ahora el correo electrónico de UN MÉXICO SIN DELINCUENCIA, no salir a la calle (7.-Cerraremos, todos nuestras puertas, hasta con dobles candados...toque de queda nacional) es necesario comenzar un intenso y profundo debate sobre las funciones del Estado, asumir nuestra responsabilidad ciudadana y participar de una profunda redefinición del Estado mexicano.  ¶ lunes, julio 12, 2004