En vísperas del 10 aniversario del alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Grupo de Coordinación Chiapas (GCC), que integran una decena de organismos y dependencias federales y de la entidad, planteó "definir propuestas de actuación frente a la dinámica del fenómeno zapatista, en el marco de una estrategia consensuada entre los gobiernos federal y estatal".

El GCC -del que forman parte dependencias federales, como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el Instituto Nacional de Migración, la Procuraduría General de la República, las secretarías de la Reforma Agraria, de la Defensa Nacional, y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como las secretarías estatales de Gobierno, Seguridad Pública, de Pueblos Indios y la Procuraduría de Justicia- propuso que "se valore la pertinencia de restablecer controles en la zona (de conflicto) que inhiban la violación al marco legal, como agresiones entre grupos desafectos, tráfico de indocumentados, armas y droga, contrabando, cultivo de enervantes, etcétera", así como tomar "medidas adecuadas para acotar el activismo de extranjeros en la zona con presencia zapatista".

En un documento titulado Diagnóstico del EZLN, del cual La Jornada obtuvo copia, el GCC agregó: "dado que la tensión social puede continuar e ir en aumento con saldo trágico en vidas, se sugiere: que el ejecutivo estatal en un acto de compromiso histórico con la paz y con Chiapas, considere la creación de una comisión especial de alto nivel, conformada por personas del mundo político, académico, cultural, religioso y empresarial de reconocida autoridad moral y prestigio nacional e internacional, a fin de que el gobierno federal y los zapatistas establezcan las condiciones mínimas de reanudación del diálogo para la paz en Chiapas".

Advirtió que ante la manifiesta falta de interés del gobierno federal y del Congreso de la Unión por generar iniciativas que permitan reconstruir la credibilidad para la reanudación del diálogo, "es previsible que el EZLN siga pugnando por consolidar el proceso de autonomía y sus juntas de buen gobierno (JBG)". La aparición de las JBG en agosto pasado, agregó, "es producto de la propuesta añeja del grupo armado de incorporar a la sociedad civil como sujeto político de primera línea bajo la idea de que 'si las instituciones políticas son incapaces de resolver las demandas de la sociedad, es necesario recrearlas'", además de "trabajar de hecho en la construcción de una 'nueva institucionalidad' que toma en cuenta las decisiones comunitarias o colectivas".

De acuerdo con el documento, "la conflictiva intercomunitaria se ha incrementado a partir de agosto en que el EZLN anunció su nueva estructura (las JBG y los caracoles), a través de la que pretende obtener el control territorial en comunidades de 35 municipios constitucionales".

Destacó, sin embargo, que hasta ahora "en todos los casos las llamadas JBG han superado políticamente sus diferencias con sus antagonistas a través del diálogo, permitiendo en algunos casos la intervención directa de los operadores políticos del gobierno del estado, no así los del gobierno federal".

"El proyecto del EZLN implica que a través de cinco JBG y 29 municipios autónomos en rebeldía mantendría el control político territorial en comunidades de 35 municipios constitucionales", de los Altos, la selva y el norte de Chiapas, donde "pretende implantar un sistema de gobierno basado en sus leyes autónomas."

En un comunicado, el gobierno estatal se deslindó tanto de la existencia del GCC como del contenido del documento, al que calificó de apócrifo.

ELIO HENRIQUEZ San Cristobal de las Casas, Chis., 15 de diciembre.  ¶ lunes, diciembre 15, 2003